Pilar Martínez acudió hace un año y medio a un prestamista privado. Necesitaba pagar el piso en el que vive en Valencia, pero no podía acceder a un crédito bancario porque una deuda anterior la había llevado al registro de morosos. Se puso en manos de una financiera y aparentemente el dinero era rápido y fácil de conseguir a través de un préstamo puente, pero pocos meses después tenía la casa embargada y una orden de desahucio, explica.

Asegura que la han estafado y que le han cobrado intereses “abusivos”, de más del 40%, una cifra que es ilegal en España, ya que supera el 29% establecido por la ley. De los 60.000 euros que solicitó a la financiera para pagar el piso, la deuda acabó por duplicarse y le exigieron 110.000 euros en pocos meses, según relata la afectada, que asegura que ni siquiera la sacaron de la lista de morosos. Su abogada confirmó que ha presentado una demanda ante el juez contra la financiera.

Como no pudo afrontar el pago, la financiera, que responde al nombre de Finanziamar y tiene sede en Valencia, se quedó con su casa de la calle Padre Luis Navarro, en el barrio del Cabanyal.

Ahora, Pilar Martínez, que está de baja por depresión y tiene un hijo, ha iniciado una cruzada para tratar de revertir la situación y acusa de estafa a quienes le prestaron un dinero, que, en aquel momento fue fácil de conseguir pero que ha acabado por dejarle sin vivienda.

“Me han amargado la vida, yo lo que quiero es que no estafen a nadie más, que esto no quede impune”, dice Martínez.

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