Al parecer el Gobierno español fijara normativas para la regulación de las empresas de intermediación financieras, estas medidas han sido principalmente impulsadas por el poder Ejecutivo e intentaran poner un nuevo sistema de plazos para pagos anteriores al contrato de crédito más estricto que el que tienen las entidades bancarias en materia de consumo.

Haciendo con esto que todas las empresas que brindad servicios en el área de la negociación y reunificación de deuda se sientan agraviados por la clase gobernante. Hoy en día el proceso de enmiendas del Congreso fija un plazo de informacion anterior a la firma del contrato con el cliente, este plazo es nada más que de quince días, de ahí que resulta más estricto para este sector que para el bancario.

La comundidad de empresarios del rubro intermediaciónes están indignados por la desigualdad en las condiciones de estos plazos y señalan una clara predilección del gobierno por el sistema bancarios y una obstaculización del terreno para las empresas encargadas de intermediar con las financieras y los clientes particulares.

“No sólo se realiza un claro agravio comparativo, sino que, en la mayoría de los casos, el consumidor acude al intermediario cuando ha obtenido una respuesta negativa en su entidad y necesita una solución rápida” según un vocero de la Asociación de intermedierios de financiación (Asifin) que es la patronal en mencionado sector comercial.

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